Las empresas piden que los ERTE por fuerza mayor no finalicen en una fecha concreta y que se puedan transformar automáticamente en otro expediente por causas objetivas

Las empresas españolas necesitan financiación adicional en el corto plazo por valor de 200.000 millones de euros para evitar las quiebras, según los cálculos de la patronal de las pequeñas y medianas empresas (Cepyme). Sin embargo, el plan de financiación con avales públicos puesto en marcha por el Gobierno, y que aún no se ha desplegado en toda su totalidad, solo equivale a 100.000 millones. Por ese motivo, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha reclamado hoy al Ejecutivo que duplique esta inyección de liquidez para las empresas.

De hecho, Cuerva ha explicado que ante esta abultada necesidad de financiación solo se han liberado unos 64.000 millones en avales públicos, de los cuales solo se han ejecutado 27.000 millones (lo que suponen 36.000 millones de deuda). Según ha añadido, el volumen de liquidez anunciado por el Gobierno español para las empresas equivale al 8% del PIB, frente a las cantidades movilizadas por Alemania (16% del PIB) o Italia (30% del PIB).

Así lo ha indicado el líder de esta patronal que representa a las pymes de CEOE durante la jornada empresarial telemática sobre ¿Cómo evitar la quiebra por el coronavirus?, Estrategias empresariales ante la Covid-19, organizada por CEPYME en colaboración con Álvarez & Marsal. De hecho, Fernando Mora, managing director y responsable de esta última firma en España y Portugal, ha incidido en la importancia de aumentar estos volúmenes de financiación "porque las empresas no mueren por los balances sino por la caja, por la falta de liquidez", ha dicho.

Así, junto a la demanda de aumentar los avales y créditos del Instituto de Credito Oficial (ICO) Cuerva ha apuntado la necesidad de mejorar otras cuestiones para que las cantidades ya liberadas lleguen a las empresas, algo que consideran que no está sucediendo con la diligencia esperada. Concretamente señaló que el sistema de tramos y cuotas para la concesión de estos avales hacen que se agoten en algunas entidades; ha denunciado que los trámites de solicitud del ICO son "demasiado farragosos"; y, finalmente, ha sugerido la posibilidad de aliviar los requisitos empresariales para conseguir la financiación.

Ante estas dificultades, el presidente de Cepyme ha pedido también al Gobierno la aprobación de créditos "semiautomáticos" hasta un límite, por ejemplo, de 50.000 euros, para "ganar mucha rapidez" a la hora de conseguir liquidez.

La otra gran demanda de la patronal de las pymes para evitar el cierre de pequeñas y medianas empresas afecta al uso de Expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como herramienta para mantener a las plantillas. Cepyme, que negocia estos días con el Gobierno y los sindicatos las condiciones para renovar estos ERTE por fuerza mayor, ha concretado que las exigencias empresariales en esta negociación afectan a tres cuestiones. En primer lugar, exigen que la duración de los ERTE que se renueven o que prosigan "no puede quedar extinguida por fecha cierta de calendario", sino que debe vincularse a la situación de cada sector, empresa e incluso a las circunstancias de movilidad o sanitarias en las que se mueva la compañía.

En segundo lugar, Cuerva ha dicho que a los ERTE "no se les pueden cargar adulteraciones que no estuvieran hasta ahora en el marco jurídico laboral". Con ello se refiere a que, una vez se desvinculen estos ERTE del estado de alarma, no incluyan requisitos con los que cuentan ahora los ajustes de fuerza mayor, como la prohibición de despedir durante los seis meses posteriores al fin del proceso bajo pena de devolver las ayudas; o a la nueva exigencia que quiere incluir el Gobierno de prohibir el reparto de dividendos a las empresas que usen estos ERTE. "Estas cuestiones no tienen sentido como herramienta de flexibilidad para mantener empleo", ha indicado.

Finalmente, la tercera exigencia que están planteando los empresarios en esta negociación, según ha dicho Cuerva, es que la transformación de un ERTE de fuerza mayor en uno de causas objetivas económicas, técnicas, organizativas o de producción sea de manera "prácticamente automática". En su opinión, este automatismo debería adoptarse porque los ERTE de causas objetivas exigen un periodo de negociación y consultas con los trabajadores --aunque no requieren autorización administrativa-- "por lo que no tendría sentido que cuando termine un ERTE haya que abrir otro expediente y negociarlo, con lo que se retrasaría igual un mes todo el proceso".