El Gobierno español acude a la reunión de líderes de la UE del jueves con una propuesta que pasa por reforzar el presupuesto comunitario más que por la emisión de eurobonos

Entre un billón y billón y medio. Que arranque el 1 de enero de 2021, que dure entre dos y tres años, que esté dentro del presupuesto de la UE y que sea financiado con deuda perpetua comunitaria. Esta es, en resumen, la posición que España va a defender en la próxima reunión de líderes de la Unión Europea, el próximo jueves, para el plan de reconstrucción del coronavirus.

La propuesta, el non-paper, no menciona la palabra "eurobonos" ni "coronabonos" ni nada que contenga el término bono, anatema para Holanda, Alemania, Austria y Finlandia.

"Mientras que los instrumentos basados en el crédito son necesarios en Europa para afrontar las necesidades de liquidez a corto plazo, la respuesta al COVID-19 no debería limitarse a medidas que aumenten los ratios de deuda con el PIB", explica el documento español: "Un nuevo fondo de recuperación económica debe establecerse basado en las transferencias a los Estados, no en el aumento de sus niveles de duda pública".

En efecto, hasta el momento, todas las medidas adoptadas en Bruselas y en Fráncfort pasan por alimentar las deudas públicas de los Estados, pero aún no se ha tomado ninguna que responda a qué hacer con esa burbuja de deuda el día de mañana.

"Su tamaño mínimo", dice España, "debería ser suficientemente robusto para tener un impacto macroeconómico y aplacar el golpe negativo de la crisis. La mayoría de los expertos calculan entre 1 y 1,5 billones".

Ese cálculo deriva de la expectativa de que la caída de la economía en la UE ronde el 10% del PIB.

"Debería financiarse con deuda perpetua de la UE, respaldada por los mecanismos legales existentes para conformar el presupuesto de la UE, que goza de calificación de triple A en los mercados de las instituciones europeas. El Banco Central Europeo debería seguir desempeñando un papel clave para garantizar la estabilidad financiera a través de la liquidez y otras medidas".

Aquí es donde España introduce el concepto de la mutualización sin mencionarlo: al decir que el fondo debe financiarse con deuda perpetua de la UE respaldada por las instituciones de la UE. Es decir, se mutualiza, a través de las instituciones comunitarias, la garantía del fondo.

A diferencia de la propuesta inicial de España de los eurobonos, que aún defiende Italia, no se habla de emitir deuda mutualizada por los Estados, sino de emitir deuda garantizada por la institución europea.

Así, se pasa de los eurobonos a los bonos europeos. Pero sin mencionar el término bono  ni el concepto mutualización.

"Se trataría de hacer transferencias a los Estados a través del presupuesto de la UE en función del impacto de la crisis del coronavirus, de acuerdo con indicadores transparentes, como el porcentaje de población afectada, la caída del PIB, el crecimiento del paro, etcétera", continúa el documento del Gobierno español: "La transferencia de fondos debería estar lista para arrancar el 1 de enero de 2021, y ser ejecutada en los próximos 2-3 años para reactivar las economías de los países afectados".

"El fondo", continúa el documento español, "debería financiar la reconstrucción económica tras la crisis, dando prioridad a programas nacionales que impulsen la transición ecológica y digital de la economía, así como su autonomía industrial y tecnológica, de acuerdo con las prioridades de la Comisión Europea. En particular, los sectors más afectados por el confinamiento y las medidas restrictivas, como el turismo y el transporte".

De acuerdo con el documento español, el pago de "los intereses de la deuda debería descansar lo más posible en un nuevo grupo de impuestos que provean a la UE de recursos propios, más allá de las contribuciones de los Estados miembros: el impuesto al corbono de frontera; a las emisiones de CO2, el impuesto del mercado único... También podría preverse el reembolso del señoreaje – la fuente de ingresos por "producir" dinero – del BCE".